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miércoles, 17 de junio de 2009

juicio oral por una protesta

Ambientalistas criminalizados

Piquete. La Unión de Asambleas reclama contra la explotación minera a cielo abierto.
En una decisión inédita, un fiscal salteño acaba de pedir que se inicie un juicio oral y público contra once asambleístas acusados de impedir en agosto de 2008 el paso de cuatro camiones de la minera Bajo La Alumbrera que pretendían circular por un recorrido vedado por una ordenanza municipal.

A fines de mayo, el fiscal correccional Nº6 Facundo Ruiz de los Llanos imputó a los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Valle Calchaquí-Cafayate por el presunto “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”.

Bajo La Alumbrera se instaló en Catamarca en 1996 y es una de los primeros emprendimientos mineros de oro y cobre. Las denuncias en su contra sostienen que la explotación a cielo abierto contamina no sólo en la provincia en la que está afincada, sino también en otras aledañas. Ruiz de los Llanos hizo lugar a un pedido de los encargados de la empresa de transporte chilena Carmona, que trasladaba en cuatro camiones un tanque de grandes dimensiones con destino a la mina. El 6 de agosto de 2008, los vehículos intentaron atravesar un camino municipal escoltados por Gendarmería pero sin pedir permiso a las autoridades locales.

El requerimiento judicial representa una vuelta de tuerca en la ofensiva de las mineras trasnacionales por sofocar la oposición ciudadana a la minería a cielo abierto. Desde la Unión de Asambleas Autoconvocadas, que reúne a más de 70 organizaciones vecinales en todo el país, aseguraron a Crítica de la Argentina que el pedido de juicio oral marca un salto cualitativo en el proceso de “criminalización de la protesta ambientalista”. Si las mineras replican este tipo de reacciones estarían retomando el camino de la judicialización frente a las protestas sociales, tal como lo hicieron en la década del 90 los gobiernos nacionales y provinciales para erradicar los cortes de ruta de los desocupados.

Mariana Araujo integra la lista de los once asambleístas imputados por el fiscal Ruiz de los Llanos y está entre los vecinos que vienen expresando su preocupación por la disminución del caudal de agua del río Santa María, que pasa por Salta y se nutre de Campo Arenal, el acuífero que utiliza la mina. “Queremos saber cuánto mermó el caudal. Hace treinta años que no se hacen estudios de ese tipo”, se quejó. Araujo vive en Cafayate desde hace 13 años cuando, junto a su marido, Claudio Gómez –otro de los imputados– decidió abandonar Buenos Aires en busca de “un lugar más tranquilo”.

El pedido del fiscal contradice una disposición que el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad en octubre pasado. Se trata de la ordenanza 13/08, que prohibió el ingreso de camiones en el ejido municipal y el transporte de sustancias como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico.
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PRESENTACION DE ASANOA EN LA UNSE (05-06-2009)

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

BENEFICIOS MINEROS

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