DEBATE | LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MANOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES
Sin perder de vista las internas en el rectorado de la UNT hacia las próximas elecciones, que quedaron plasmadas en las nuevas preocupaciones de los consejeros -contaminación y salud-, las organizaciones socio-ambientales consiguieron ayer una sesión extraordinaria para noviembre, donde el Consejo Superior deberá escuchar los reclamos sobre la complicidad de la Universidad con la violación de los derechos humanos por parte de Minera Alumbrera. CONTRAPUNTO
La sesión ordinaria de ayer del Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Tucumán no quedará en el olvido. De alguna manera, significó una victoria para las organizaciones que integran la Asamblea Socio-Ambiental del NOA (ASANOA), que hicieron presentaciones formales hace más de un año solicitando una sesión extraordinaria para exponer causas y pruebas sobre el impacto de Minera Alumbrera en comunidades de toda la región del NOA. Solicitud que recién ayer consiguió un espacio en el HCS, gracias a la presencia de integrantes de distintas organizaciones sociales que se encargaron de entregar en mano a cada consejero las copias de las notas presentadas desde el año pasado bajo el mismo reclamo.
Antes, debieron esperar al intercambio de incoherencias por parte de los consejeros, claramente afectados por las internas del rectorado de cara a las elecciones del año que viene.
El Consejo Superior, ¿pedes in terra?
Más de 45 minutos les llevó a los consejeros el primer tema de la sesión: la existencia de un plazo de 72 horas no especificado en el acta de la sesión anterior. Dicho plazo, referido a la presentación de un expediente por parte del decano de Ciencias Naturales Ricardo Mon, despertó los más variados argumentos filosóficos sobre el paradero de dichas horas, extraviadas en el éter para algunos, de presencia tácita en el acta y en las grabaciones magnéticas de la sesión para otros. Ricardo Mon -un materialista de aquellos- aseguraba mientras, estar tranquilo respecto al expediente que se le exigía, ya que el acta no explicitaba las 72 horas. Finalmente se pidió la rectificación del acta, por 30 votos a favor y la abstención de 72 horas.
En continuidad con el clima bizarro de la primera hora de sesión, la decana de Filosofía y Letras Elena Rojas Mayer -trastabillando entre términos poco usados por ella sobre la lucha ecologista- mocionó para que se cediera la palabra a Alfredo Carbonel del grupo PRO ECO (y no “Eco” como lo llamó la decana), quien “quería contar temas ecológicos”, según expresó la más alta directiva de Filosofía y Letras.
Los temas ecológicos de los que la decana no se hizo cargo, limitando su acto democrático (más bien revolucionario en su caso) al otorgamiento del derecho a hablar a Carbonel, eran temas presentados hace más de un año, por escrito y a través de 4 notas diferentes, tanto por la ASANOA como por la Comunidad Indígena de Tafí del Valle y recientemente por la mesa de Proyecto Sur (partido del diputado nacional Ernesto “Pino” Solanas) de Tucumán para su tratamiento en el Consejo Superior.
Mientras, y en medio del revuelo por el pedido de la decana, una consejera manifestaría no haber sido ni siquiera notificada de la existencia de dichas notas, en contradicción con el rector Alberto Cerisola, quien aseguró que sí habían sido tenidas en cuenta. La voz imponente del rector taparía a la de la consejera, y la discusión se diluiría en el mismo agujero negro que las 72 horas.
El silencio insostenible
Son hasta ahora 19 las facultades y unidades académicas de todo el país que rechazaron los fondos provenientes de Minera Alumbrera en concepto de la distribución que establece la Ley 14771 de creación de la empresa estatal YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).
A diferencia del resto de las universidades públicas, la UNT recibe utilidades por ser parte integrante del YMAD, y por ende socia empresarial de Alumbrera (la empresa estatal y la minera conforman una Unión Transitoria de Empresas).
El debate ético-político sobre el rol de la universidad pública en relación a fondos provenientes de una multinacional procesada judicialmente por delitos de contaminación, y cuestionada a nivel mundial por violación de derechos humanos, exige entonces en el caso de la UNT un tratamiento especial.
Los “temas ecológicos” a los que nunca llegó a referirse la decana, abarcan todas estas aristas políticas, planteadas por Alfredo Carbonel una vez que los consejeros lograron ponerse de acuerdo –dos etapas de votación de por medio- en cederle la palabra. En el medio, y como quien disimula la cosa, un guardia que escoltaba al Rector Cerisola se acercó a un vecino auto-convocado de Concepción, para obligarlo a guardar la bandera que intentaba abrir con consignas sobre la contaminación en el sur de Tucumán.
“Lo que pedimos concretamente es una sesión extraordinaria para exponer los reclamos de vecinos y comunidades indígenas afectadas por la minera”, expresó Carbonel, quién dejó en claro que nunca habían recibido respuesta a las notas presentadas desde el año pasado.
Finalmente, se aprobó realizar la sesión extraordinaria en la segunda quincena de noviembre. Más de un año de burocracia, falta de voluntad política y exceso de voluntad de ocultamiento llevó conseguir esta sesión.
La hipótesis de que la puja por las elecciones en el rectorado influyó en la decisión de los consejeros, conmovidos repentinamente por la contaminación, la lucha de los autoconvocados de la salud y las actas mal redactadas, exige al menos una reflexión. Mientras, las organizaciones socio-ambientales, agrupaciones universitarias, vecinos, estudiantes y docentes convocados a través de la Asamblea Multisectorial Universitaria que se viene reuniendo en distintas facultades, tendrán en las próximas semanas el duro desafío de impedir que la burocracia del Consejo Superior se coma entre papeles la sesión extraordinaria prometida. O, peor aún, que termine donde las 72 horas.
CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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