“Con sangre, no permitiremos que nuestros pueblos sean sacrificados por las mineras”

Los consejeros ya escucharon a los afectados. Ahora ellos deberán decidir cómo continúa el acuerdo con la minera.

RELATOS DE UNA SESIÓN HISTÓRICA
Mientras se espera que los consejeros superiores se enteren qué potestad tienen a la hora de tomar decisiones en torno al vínculo entre la UNT y Minera Alumbrera, aún resuenan los principales testimonios de las comunidades más cercanas a la explotación minera. Relativas expectativas sobre el trabajo que una comisión multidiciplinaria de expertos de diversas facultades realizará en torno a la documentación y material audiovisual que las organizaciones sociales aportaron al cuerpo tras la sesión del martes. Los testimonios más sobresalientes de una sesión histórica.

Junto a ese material, dicha comisión tomará en cuenta para estudiar el impacto ambiental que genera la minera, la versión taquigráfica de la sesión extraordinaria, en la que quince expositores de la región fundamentaron sus denuncias y relataron el daño que esta explotación minera genera. La primera oradora del encuentro fue la referente de la ONG de Tafí Viejo, Myriam Genisans quien describió a los consejeros el impacto que causa la modalidad extractiva aplicada en el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en Catamarca. “Se trata de una explotación con un modelo extractivo extremo que implica la voladura de montañas, el uso de muchísima agua y energía. Todo bajo el amparo de leyes al servicio de las corporaciones mineras trasnacionales”, explicó la docente de la facultad de Artes de la UNT. Genisans contó cómo desde el inicio de la explotación de Minera Alumbrera, a mediados de la década pasada, se registraron constantes casos de lluvia ácida cuyas partículas permanecieron por meses en la atmósfera sobre los Valles Calchaquíes y dañaron los cultivos de las comunidades de esa zona. Luego, los hermanos agricultores de Alpachiri (Concepción, a 75 kilómetros al sur de Tucumán) Carlos y Miguel Aranda, relataron la sucesión de análisis de muestras de agua y de concentrando minero –tomado a partir de roturas en el ducto de la minera- cuyos resultados dieron sustento para una serie de denuncias efectuadas en la Justicia. “A partir de los análisis se comprobó la presencia metales pesados en el agua de la ciudad que no sólo confirman la contaminación sino que se determinó la extracción de decenas de elementos que no están declarados, por lo que presumimos que se trataría de un contrabando minero”, explicó el abogado de los Aranda, Leandro Juárez. Así, los concejeros recibieron copias de varios análisis, entre ellos el encargado por la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, en 2007, a un laboratorio de Canadá, que habría arrojado la presencia de 60 metales en el concentrado que se transporta en el mineraloducto. Las muestras fueron tomadas tras un derrame ocasionado por una rotura en el ducto, luego de que se confirmara que Minera Alumbrera enterró dicho vertido en cercanías del dique Villa Lola, en Alpachiri, aproximadamente en 1999. Luego, otros estudios realizados en laboratorios Londres y por la Comisión Nacional de Energía Atómica confirmaron la presencia de metales pesados en el agua de la ciudad sureña. A su turno, el concepcionense Eduardo Carrizo de la Comisión de Padres de Alumnos de Tucumán, solicitó al cuerpo que exhorte a Minera Alumbrera, a través de la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), a desenterrar la totalidad del barro escondido en Villa Lola e informe públicamente sobre los trabajos de desvío del río Gastona, por donde pasa el mineraloducto. Además, el vecino reclamó la reforestación de las seis hectáreas del parque Joven Argentina que la minera arrasó para construir un terraplén a fin de desviar el curso del río. Por su parte, el referente de la Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, Juan Manuel Prado Iratchet, relató cómo fue el proceso desde el enterramiento del barro minero en las cercanías del dique Villa Lola, hasta el descubrimiento de la presencia de mercurio en el agua para consumo humano en Concepción, luego de un análisis efectuado por la CNEA, seis años después del enterramiento denunciado. Iratchet pidió al Consejo que se haga público al acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y Minera Alumbrera en torno a las compensaciones que la empresa debe aportar por los daños ambientales causados por el electroducto emplazado en los Valles Calchaquíes.Por Esteban Stanich