San Miguel de Tucumán, 26 de mayo de 2010
Sr. Presidente Dr. Ernesto C. WAYAR
CÁMARA FEDERAL de
APELACIONES de TUCUMÁN
S………………/………………….D
De nuestra mayor consideración
Quienes nos encontramos preocupados y ocupados por el gozo del ejercicio del derecho ambiental que, entendemos, es un derecho colectivo, sin fronteras de clase social ni territorial; que el articulo 41 establece claramente el derecho a un ambiente sano, la obligación de preservarlo y nos implica a cada uno según su función dentro de la estructura del Estado que nos rige, encontramos que estamos siendo víctimas de un estado permanente de violación de derechos humanos en todas las problemáticas generadas por minera La Alumbrera.
Por un lado sufrimos la impunidad con que transcurre la explotación minera de bajo la alumbrera y que son ya de estado público. Por otro lado sufrimos la falta de libertad con la que se imprime el trabajo de la justicia, en este caso Federal.
Cabe expresar también que estamos reunidos para debatir y coincidir en la vigilancia del comportamiento de nuestros jueces y fiscales en relación al nuestros derechos inalienables; para dar apoyo a las personas que según entendemos están siendo vulneradas en el mismo seno de la justicia.
Denunciamos que mientras se cuestiona al Fiscal Federal Dr. Antonio Gómez por sus actuaciones preliminares, las cuales serían ilegales a decir de un sector de la justicia y de los abogados patrocinantes del sector denunciado en el causa de corrupción en la UNT; por estos días asistimos a la violencia con la que se desenvuelve minera La Alumbrera frente a cómo se resiste a la ley. El fiscal Ferrer es impedido en su trabajo, por esta empresa trasnacional-estatal, desconociendo la propia orden de un juez federal, el Dr. Bejas.
Esta situación nos genera nuevamente la evidencia del gran poder para-estatal con que gozan estas trasnacionales mineras y lo que es mas grave aún, que una empresa del estado , YMAD- UNT-UTE, avale el comportamiento dictatorial con que se imponen las explotaciones de mega minería a cielo abierto y contaminantes en nuestros territorios.
Esta situación nos profundiza el estado de alerta, de deliberación popular-ciudadana de asambleas permanente para intentar por todos los medios que el sistema democrático vigente cumpla con las prerrogativas mínimas de justicia ambiental IGUALITARIA
Nos dirigimos a Usted y por su digno intermedio que ejercitaremos las actuaciones administrativas que correspondan ante la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura, reconociendo en estas instituciones la máxima autoridad que nos rige.
Atentamente
PRO ECO grupo ecologista- RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista)
ASANOA
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